Un juez de conocimiento de Bogotá condenó este lunes a tres años de prisión a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, tras haber confesado que falsificó títulos académicos a Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de una fundación universitaria privada, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al procesado a 36 meses de prisión por la expedición de títulos académicos falsos. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en julio de 2025”, destacó la Fiscalía.

No obstante, el juzgado otorgó la suspensión de la ejecución de la pena  siempre y cuando demuestre buena conducta. 

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Según el ente acusador, el hombre alteró la información en las plataformas institucionales para acreditar requisitos legales y académicos que no habían sido cumplidos por Guerrero, entonces estudiante de la mencionada institución educativa. 

“Las pruebas dan cuenta de que emitió dos diplomas y sus respectivas actas, certificando de manera irregular que la estudiante podía graduarse como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria”, dijo la Fiscalía.

Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de una fundación universitaria privada, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al procesado a 36 meses de prisión por la expedición de títulos académicos…

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 7, 2026

El exsecretario de la fundación educativa fue declarado culpable del delito de falsedad ideológica en documento público. 

Hay que recordar que Juliana Guerrero también fue imputada por la Fiscalía por presentar esos títulos falsos para poder ejercer cargos dentro del Gobierno.

La joven también tiene otro proceso abierto con un familiar en la Fiscalía por presunta corrupción por supuestamente haber recibido millonarias comisiones de contratistas del Estado.

Según las autoridades, los hechos comenzaron en 2024, cuando Juliana y Verónica se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, personajes que presuntamente entregaron dinero para obtener contratos con los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

Para ese entonces Juliana había culminado un contrato de $11 millones con el Ministerio del Interior y estaba en camino al viceministerio de Juventudes. Por su parte, a Verónica también se le había terminado su contrato de $19 millones con Colombia Compra Eficiente y otro de $11 millones con el Ministerio del Interior.